El gobierno presentó una nueva etapa de su agenda de competitividad, con medidas orientadas a reducir costos, simplificar trámites y hacer más eficiente el comercio exterior. Algunas ya están vigentes y otras comenzarán a instrumentarse en 2026.
Uruguay dio un nuevo paso en su agenda de competitividad con la presentación de los lineamientos del proyecto de Ley de Competitividad e Innovación, una iniciativa que busca mejorar el clima de negocios mediante reformas microeconómicas, reducción de costos de gestión, revisión de regulaciones y eliminación de barreras que afectan la producción, el comercio y la inversión.
El proyecto será enviado al Parlamento a fines de mayo y el gobierno abrió además una instancia para recibir aportes de actores empresariales, académicos y sociales para aportar ideas hasta el 24 de abril.
Todavía debe pasar por el proceso legislativo: presentación, discusión y aprobación parlamentaria antes de entrar en vigencia.
Ahí entran los cambios más estructurales, por ejemplo:
- revisión de regulaciones.
- cambios al Código Aduanero.
- ajustes al marco de defensa de la competencia.
- cambios institucionales vinculados a innovación.
Pero junto con ese proyecto de ley, el Ministerio de Economía y Finanzas también presentó una nueva batería de medidas con impacto directo en el comercio exterior, orientadas a lograr más agilidad, menos trámites, menores costos y una gestión más eficiente de los organismos de control. Según el MEF, el conjunto de estas medidas podría generar un ahorro estimado de US$ 20 millones al año.
El ministro anunció que ahora se pondrán en marcha cuatro medidas para mejorar el comercio exterior, que son parte del compromiso asumido en enero, y que no requieren aprobación parlamentaria. Estas medidas tendrán impacto en mayor agilidad, con menos trámites y menores costos en trámites y podrán optimizar la gestión de organismos de contralor.
Medidas que ya se están aplicando
Dentro de la agenda de competitividad ya hay cambios que comenzaron a regir y que importadores y exportadores uruguayos deben tener en cuenta.
La tasa LATU sobre exportaciones no tradicionales fue reducida de 3‰ a 2,5‰, lo que representa una baja directa en el costo de exportar. Para las empresas exportadoras, esto supone un alivio concreto sobre cada operación y mejora la competitividad, especialmente en sectores de alto volumen o márgenes ajustados.
También comenzó la eliminación gradual de la tasa ANSE (Administración Nacional de los Servicios de Estiba a las importaciones).
El propio gobierno incluyó esta medida dentro de las reformas que ya entraron en vigencia en 2026, como parte de una política de reducción progresiva de costos asociados al ingreso de mercaderías. Para los importadores, esto implica una baja en costos operativos y una señal favorable para mejorar previsibilidad y estructura de costos.
A su vez, el MEF señaló que estas reformas se suman a la eliminación de los adelantos especiales de IRAE, otro punto relevante dentro de la estrategia oficial de alivio sobre costos y cargas vinculadas al comercio exterior.
Adicionalmente, el gobierno informó que este año se implementará la autocertificación de origen, lo que facilitará el reconocimiento de la producción uruguaya en exportaciones destinadas al Mercosur y posteriormente a la Unión Europea. Para los exportadores, esta medida puede contribuir a simplificar trámites y aprovechar mejor los instrumentos comerciales disponibles.
Las nuevas medidas anunciadas para esta etapa
A estas reformas ya en marcha se suma una nueva etapa con medidas concretas enfocadas en la operativa diaria del comercio exterior.
Una de las más relevantes es la eliminación de la intervención previa de la DGI en importaciones.
Hasta ahora, los impuestos internos recaudados en la importación y la gestión de sus exoneraciones requerían intervención previa antes del despacho. El nuevo esquema sustituye ese trámite por una mayor coordinación entre organismos y, según el MEF, involucra unas 25.000 operaciones de importación anuales. Para los importadores, esto puede traducirse en menos trámites previos, menor necesidad de liquidez y una operativa más ágil.
También se anunció la eliminación de la intervención previa de la DGI en exportaciones. El objetivo es evitar un trámite que muchas veces genera demoras en frontera y puerto. En adelante, el control tributario sobre las exportaciones que retornan se realizará ex post, buscando reducir costos logísticos imprevistos y mejorar el flujo operativo de las exportaciones.
Otra medida central es la eliminación de documentación en soporte papel. La Aduana pasará a gestionar la documentación complementaria del DUA únicamente en formato electrónico y dejará de exigir el archivo físico de la carpeta en papel durante cinco años. Además, se digitalizarán los trámites de comercio en los que intervenga el MEF. El gobierno estima impacto sobre unas 400.000 operaciones aduaneras anuales, lo que supone una mejora relevante en eficiencia administrativa.
En paralelo, se plantean facilidades en el pago de obligaciones para importaciones. Hoy los impuestos correspondientes a las importaciones deben pagarse antes del liberar las mercaderías; con el nuevo esquema se permitirá diferir el pago dentro del mismo mes del despacho mediante garantías. Para las empresas, esto representa un alivio financiero y una reducción de necesidades de capital de trabajo
El paquete también incluye un canal rojo basado exclusivamente en análisis de riesgo, de forma que las verificaciones físicas y documentales se concentren en operaciones que realmente lo justifiquen. Esto puede reducir controles innecesarios, acelerar despachos y generar ahorros para importadores
Qué significan estos cambios para importadores y exportadores
Para los importadores uruguayos, la señal principal es una reducción progresiva de costos y fricciones operativas: menos tasas, menos trámites previos, mayor digitalización, menor presión financiera y controles más enfocados en riesgo.
Para los exportadores, el impacto se ve en menores costos directos, menos demoras en puertos y fronteras, mayor fluidez documental y mejores condiciones para operadores certificados. A eso se suma la futura autocertificación de origen, que puede simplificar el acceso a mercados.
